El ajuste fino que corta por lo más delgado: 20.000 bajas de PNC y el laberinto de la discapacidad. La Editorial por Antonio Araque

Hablemos claro, sin anestesia y sin los eufemismos de escritorio que tanto le gustan a los funcionarios de turno. Mientras en el Congreso festejaban entre gallos y medianoche una media sanción de la ley de discapacidad —después de negociaciones más propias de un mercado persa que de un debate legislativo—, la realidad social sigue acumulando tensión en la cuerda floja. La noticia de que el Gobierno se prepara para meter el bisturí y dar de baja unas 20.000 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral no es un rayo en cielo sereno: es la cruda confirmación de que la motosierra, en su afán de cazar "fantasmas", corre el riesgo serio de amputar extremidades sanas.

La caza de brujas y el drama de los papeles

Desde la Rosada argumentan con lógica técnica que el sistema es un colador: curules políticos, otorgamientos discrecionales de la era anterior y beneficiarios que jamás pisaron una junta médica. Nadie en su sano juicio puede defender la corrupción ni el fraude con recursos públicos que salen del bolsillo de un contribuyente asfixiado. El que cobra trucho, que devuelva y que rinda cuentas.

Pero el problema histórico de la Argentina no es el objetivo, sino el método. La administración pública tiene una fascinación patológica por aplicar el ajuste a ciegas. Cruzar bases de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER es perfecto en un PowerPoint, pero en la práctica se traduce en cartas documento que no llegan, notificaciones intempestivas, plazos imposibles de cumplir y burócratas detrás de una ventanilla que miran un expediente con la misma empatía que a una baldosa floja.

¿Alguien pensó en el laberinto burocrático al que someten a una persona con discapacidad severa para demostrar que sigue teniendo la discapacidad? Porque la última vez que revisaron masivamente, el tendal de suspensiones arbitrarias terminó judicializado en todo el país, obligando a los tribunales a ponerle un freno al desborde administrativo.

El costo de vivir con lo nuestro (y con chirolas)

Pongamos las cosas en perspectiva numérica, esa que los tecnócratas manejan tan fríamente. Para noviembre de 2026, una PNC por invalidez apenas si araña un haber mensual de $310.819 al que se le suma el eterno bono de $70.000, coronando un bruto de unos $380.000 (y descontando los $9.327 del programa Incluir Salud). Estamos hablando de montos que corren muy por detrás de la línea de flotación de la dignidad humana. Pretender que de ahí sale el "déficit fiscal" o que recortando 20.000 pensiones se salva la macroeconomía es, como mínimo, una obscenidad aritmética; como máximo, una provocación.

Mientras tanto, la letra chica de la ley sigue en el aire, rebotando en el Senado, y las familias quedan atrapadas en el medio de una pulseada política donde el oficialismo busca mostrar firmeza a cualquier costo y la oposición grita desde la tribuna lo que avaló por omisión.

El diagnóstico del Asesor Previsional Prof. Antonio Araque

El Estado tiene la obligación de limpiar el sistema, sí. Pero la eficiencia no puede ser sinónimo de crueldad institucional. Detrás de cada uno de esos 20.000 números que van a dar de baja hay historias clínicas reales, familias desesperadas y una vulnerabilidad extrema que no se resuelve con un tilde automático en un sistema informático.

Si el control se convierte en un filtro de exclusión masiva para recortar planilla, no estamos ante una auditoría seria: estamos ante una picadora de carne social. Y de eso, lamentablemente, la historia previsional argentina ya conoce demasiados capítulos.

¿Y vos de qué lado te parás?

¿Auditoría justa para que el recurso vaya al que lo necesita o ajuste encubierto a los sectores más indefensos?

Dejame tu opinión abajo.

Asesor Previsional Prof. Antonio Araque