Bono congelado, ajuste licuado: el refuerzo que no alcanza para rescatar a los jubilados. Editorial por Antonio Araque

La confirmación del bono de $70.000 para marzo de 2026 por parte del gobierno de Javier Milei expone una realidad incómoda: el sistema previsional argentino sigue dependiendo de parches discrecionales en lugar de garantizar ingresos dignos por ley y de manera estructural.

Aunque el refuerzo, pagado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), eleva el ingreso mínimo por encima de los $439.000, el dato clave es que el bono permanece congelado nominalmente mientras la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo. Lo que en su momento fue presentado como una ayuda extraordinaria hoy se convirtió en un componente permanente, pero sin actualización, lo que en términos reales equivale a un recorte encubierto.

El aumento previsional del 2,88% se ajusta a la inflación pasada, no a la actual ni a la futura, consolidando un esquema donde los haberes corren siempre detrás de los precios. El resultado es un deterioro progresivo del ingreso real de jubilados y pensionados, que dependen cada vez más de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y menos de un sistema previsional sólido y previsible.

El bono, lejos de ser una solución, confirma el problema de fondo: el Estado reemplazó la garantía de haberes suficientes por subsidios compensatorios que se licúan mes a mes. En lugar de recomponer el valor estructural de las jubilaciones, el gobierno opta por sostener artificialmente los ingresos mínimos con transferencias que no forman parte del haber, no se incorporan al cálculo previsional y pueden ser retiradas en cualquier momento.

Así, el bono de $70.000 no representa una mejora real, sino la evidencia de un sistema previsional que sobrevive en estado de emergencia permanente, donde millones de jubilados siguen perdiendo contra la inflación mientras el ajuste se administra en cuotas invisibles.

Asesor Previsional Profesor Antonio Araque