AUH RECUPERÓ PODER ADQUISITIVO, pero el SUAF PERDIÓ un 45%: ¿El GOBIERNO PREMIA a unas FAMILIAS y ABANDONA a OTRAS?. La Editorial por Antonio Araque

Hoy vamos a hablar de los chicos, de sus familias y de una desigualdad que lleva años creciendo en la Argentina. Porque detrás de cada número del ANSES hay una heladera que llenar, útiles escolares que comprar, zapatillas que reponer y padres que hacen malabares para llegar a fin de mes.

Y cuando hablamos de asignaciones familiares, estamos hablando de algo mucho más importante que una cifra depositada en una cuenta bancaria: estamos hablando de la alimentación, la dignidad y las oportunidades de nuestros hijos.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, encendió una luz de alarma: mientras la Asignación Universal por Hijo, la AUH, recuperó poder adquisitivo desde 2016, las asignaciones familiares del SUAF perdieron un 45% de su valor real durante la última década.

¡Sí, leyeron bien! ¡Un 45%!

Y ahora viene la pregunta que nadie debería esquivar: ¿cómo puede ser que una familia que trabaja en blanco, que tiene un empleo registrado y que aporta al sistema, termine recibiendo una asignación familiar que perdió semejante capacidad de compra?

Porque acá hay un problema que va mucho más allá de las estadísticas.

LA AUH MEJORÓ, PERO EL SUAF QUEDÓ ATRÁS

Vamos a poner los datos sobre la mesa.

Según el informe de la UCA, en septiembre de 2026 la AUH tenía un poder adquisitivo un 9% superior al registrado en 2016.

Esta recuperación estuvo vinculada, principalmente, con la duplicación de la asignación dispuesta en 2024. Además, las familias beneficiarias de la AUH pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

Pero atención, porque acá aparece una diferencia fundamental.

Cuando se consideran conjuntamente la AUH y la Tarjeta Alimentar, la capacidad de compra de estas prestaciones supera ampliamente la que ofrece el SUAF.

Según las estimaciones de la UCA para septiembre de 2026, una familia con dos hijos que cobraba AUH y Tarjeta Alimentar recibía $359.749 mensuales por esos conceptos. En cambio, una familia comprendida en el primer tramo del SUAF recibía $154.050 por dos hijos.

¡Hagamos la cuenta!

La diferencia es enorme.

Una familia recibía más del doble que la otra por estos conceptos.

¿Significa esto que hay que quitarle dinero a quienes cobran la AUH?

¡De ninguna manera!

Que quede bien claro: la solución no es empobrecer a los que reciben asistencia social para que todos sean igualmente pobres. La solución es garantizar que ninguna familia con hijos quede abandonada por el Estado.

Porque enfrentar a trabajadores registrados contra trabajadores informales es una trampa que solamente beneficia a quienes pretenden discutir el gasto público sin poner en el centro a las personas.

El debate no debería ser quién merece menos.

El debate debería ser por qué el sistema no consigue proteger adecuadamente a todas las familias que lo necesitan.

¿TRABAJAR EN BLANCO SE CONVIRTIÓ EN UN CASTIGO?

Y acá llegamos al corazón de esta editorial.

Pensemos en una familia trabajadora.

El padre o la madre se levanta temprano, viaja varias horas, cumple su jornada laboral, paga el transporte, los servicios, el alquiler y los alimentos. Cobra un salario que muchas veces no alcanza y recibe una asignación familiar por sus hijos.

Ahora pensemos en otra familia con ingresos igualmente bajos, pero que se encuentra dentro del sistema de la AUH y reúne las condiciones para cobrar la prestación y la Tarjeta Alimentar.

Ambas familias pueden tener necesidades económicas muy parecidas. Ambas pueden tener dificultades para alimentar a sus hijos. Ambas pueden estar haciendo un esfuerzo enorme para sostener su hogar.

Sin embargo, el respaldo económico que reciben puede ser muy diferente.

El informe de la UCA aporta un dato contundente: durante el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del primer tramo del SUAF se encontraba en situación de pobreza. Entre los hogares que cobraban la AUH, el porcentaje llegaba al 64%.

Es decir, estamos hablando de dos grupos sociales con niveles de pobreza muy similares.

Y, sin embargo, la protección económica que reciben presenta diferencias sustanciales.

Entonces, yo pregunto: ¿qué sentido tiene construir un sistema de protección familiar que no logra responder de manera adecuada a las necesidades de trabajadores registrados que también son pobres?

¿Dónde está la justicia social para esas familias?

¿Dónde está el reconocimiento al trabajador que cumple con sus obligaciones, pero descubre que su ingreso no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus hijos?

Porque una cosa es establecer prestaciones diferentes para situaciones distintas. Otra, muy diferente, es permitir que familias con necesidades semejantes queden separadas por una brecha económica tan grande.

¡Tener un empleo registrado no debería significar perder protección social cuando el salario no alcanza para vivir dignamente!

Y atención: esto no significa que la informalidad deba ser premiada ni que el trabajo registrado deba perder valor. Significa exactamente lo contrario.

Si queremos una Argentina con más empleo formal, tenemos que construir un sistema que acompañe a los trabajadores, que proteja a sus hijos y que haga del trabajo registrado una herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida.

Porque exigir formalidad sin garantizar ingresos suficientes es construir una escalera a la que le faltan escalones.

EL PROBLEMA NO EMPEZÓ AYER, PERO HOY EXIGE RESPUESTAS

Seamos serios.

La pérdida del poder adquisitivo del SUAF no puede explicarse mirando solamente los últimos meses ni atribuirse automáticamente a una única administración.

El informe compara diez años de evolución. Durante ese período hubo distintos gobiernos, diferentes políticas económicas y decisiones que contribuyeron a configurar la situación actual.

Pero reconocer esa historia no significa aceptar que el problema continúe.

Desde julio de 2024, tanto la AUH como el SUAF reciben actualizaciones mensuales vinculadas con la inflación. Sin embargo, que una prestación aumente siguiendo los precios no significa que haya recuperado todo lo que perdió anteriormente.

Y acá está la diferencia entre dos conceptos que muchas veces se confunden: actualizar y recomponer.

Actualizar significa acompañar la evolución de los precios según el mecanismo establecido.

Recomponer significa recuperar el poder adquisitivo perdido.

Si una asignación quedó muy por detrás durante años, aplicar aumentos que acompañen la inflación puede frenar nuevas pérdidas, pero no necesariamente devuelve lo que las familias dejaron de poder comprar.

Es como si durante diez años te hubieran achicado el bolsillo y después te dijeran que, a partir de ahora, van a dejar de achicártelo.

¡Muy bien! Pero ¿quién te devuelve lo que te sacaron?

Esa es la discusión que el Gobierno nacional y los responsables de diseñar las políticas sociales deben afrontar.

Y es una discusión que no puede resolverse con discursos, anuncios ni porcentajes de aumento que suenan espectaculares, pero que no siempre se traducen en una mejora real de la vida cotidiana.

Porque al supermercado no se va con porcentajes.

Se va con plata.

Y cuando la plata no alcanza, la diferencia se paga con menos comida, deudas, privaciones y angustia familiar.

LA TARJETA ALIMENTAR TAMBIÉN ESTÁ EN LA MIRA

Pero hay otro dato que merece atención.

La recuperación de la AUH no significa que todo el sistema de asistencia familiar esté funcionando correctamente.

El mismo informe advierte sobre el deterioro de la Tarjeta Alimentar, que permaneció congelada entre junio de 2024 y abril de 2026. Durante ese período perdió un 44,1% de su poder adquisitivo.

Posteriormente recibió un incremento del 38,3% en mayo de 2026. Aun así, en septiembre de ese año su valor real seguía siendo casi un 30% inferior al de junio de 2024.

¡Otra vez la misma historia!

Los precios avanzan, los alimentos siguen siendo una necesidad cotidiana y las familias tienen que arreglarse con prestaciones que no siempre acompañan el costo de lo que necesitan comprar.

Por eso, la UCA propone vincular la actualización de la Tarjeta Alimentar con la evolución de la canasta alimentaria.

Es una propuesta que merece ser discutida seriamente.

Porque si una política pública tiene como finalidad contribuir a la alimentación de los chicos, su evolución debería guardar una relación razonable con el costo de los alimentos.

No podemos hablar de seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, ignorar lo que ocurre con el precio de la comida.

No podemos decir que protegemos a la infancia si los recursos destinados a su alimentación pierden capacidad de compra.

Y tampoco podemos conformarnos con que una prestación mejore mientras otra se deteriora.

Los derechos de los chicos no pueden depender de qué ventanilla del Estado les toca.

¿QUÉ DEBERÍA HACER EL GOBIERNO?

Acá no alcanza con señalar el problema. También hay que plantear soluciones.

Desde Este Espacio sostenemos que hay, por lo menos, tres cuestiones que deben discutirse con urgencia.

Primero: una recomposición del SUAF.

El Gobierno debería evaluar una recuperación progresiva del poder adquisitivo de las asignaciones familiares de los trabajadores registrados de menores ingresos, con criterios transparentes y atención especial a las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza.

No se trata de prometer aumentos imposibles ni de desconocer las restricciones presupuestarias. Se trata de establecer prioridades y explicar con claridad qué medidas se adoptarán para reducir una pérdida acumulada de semejante magnitud.

Segundo: una política alimentaria que no se licúe con la inflación.

La Tarjeta Alimentar necesita un mecanismo de actualización que evite que su capacidad de compra dependa exclusivamente de decisiones discrecionales o de aumentos ocasionales.

Si el objetivo es contribuir a la alimentación de los chicos, la prestación debe responder a la evolución de los precios de los alimentos.

Tercero: reducir las desigualdades entre familias con necesidades similares.

El sistema debe revisar las diferencias de cobertura entre AUH y SUAF, teniendo en cuenta los ingresos reales de los hogares, la cantidad de hijos y las situaciones de vulnerabilidad.

Esto no significa necesariamente que todas las prestaciones deban ser idénticas.

Significa que las diferencias deben tener una justificación razonable y que ninguna familia con hijos debería quedar desprotegida por el solo hecho de encontrarse en una categoría administrativa diferente.

Porque detrás de las siglas AUH y SUAF no hay casilleros de una planilla.

Hay chicos.

Hay madres.

Hay padres.

Hay familias que necesitan respuestas concretas.

Y AL GOBIERNO DE MILEI LE HACEMOS UNA PREGUNTA

El presidente Javier Milei y su equipo económico suelen insistir en la importancia del equilibrio fiscal.

El orden de las cuentas públicas es un objetivo económico. Pero también hay que preguntarse qué ocurre con las personas cuando las decisiones presupuestarias se traducen en una protección social insuficiente.

Porque el equilibrio fiscal no puede convertirse en una respuesta automática para cerrar cualquier discusión sobre la pobreza.

Cuando el 61% de los hogares del primer tramo del SUAF está bajo la línea de pobreza, según el dato citado por la UCA, no alcanza con explicar cuánto se ahorra o cuánto se ajusta.

También hay que explicar qué se hará para que esas familias puedan vivir mejor.

¿Dónde está el plan para recuperar el poder adquisitivo perdido por las asignaciones familiares?

¿Dónde está la respuesta para los trabajadores registrados que cumplen con sus obligaciones y, aun así, no consiguen cubrir las necesidades básicas de sus hijos?

¿Y qué medidas concretas se tomarán para evitar que la inflación vuelva a deteriorar las prestaciones destinadas a la alimentación?

No alcanza con mostrar una mejora en una parte del sistema si otra sigue arrastrando una pérdida histórica.

Gobernar no consiste solamente en administrar números.

Gobernar también significa decidir qué necesidades se atienden, a quiénes se protege y cómo se distribuyen los esfuerzos en una sociedad que atraviesa enormes dificultades económicas.

Y cuando hablamos de la infancia, esas decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de una planilla presupuestaria.

Porque un chico que hoy no recibe una alimentación adecuada no puede esperar a que dentro de diez años alguien publique un informe para reconocer el problema.

La infancia no tiene tiempo de espera.

EL GURÚ PREVISIONAL: NO ENFRENTEMOS A LOS POBRES, EXIJAMOS RESPUESTAS

Amigos, quiero cerrar con una reflexión.

En la Argentina hay trabajadores registrados que son pobres, trabajadores informales que son pobres, familias que reciben asistencia social y familias que no consiguen cubrir sus necesidades básicas.

No son enemigos.

Son personas que, desde distintas realidades, están intentando sostener a sus hijos en un país donde llegar a fin de mes se convirtió en una preocupación cotidiana.

Por eso, me niego a aceptar que el debate se reduzca a enfrentar a quien cobra la AUH con quien percibe el SUAF.

¡Basta de enfrentar a las familias que necesitan ayuda!

Si la AUH recuperó poder adquisitivo, que esa mejora se sostenga.

Si el SUAF perdió un 45% de su valor real en diez años, hay que discutir cómo recuperar lo perdido.

Si la Tarjeta Alimentar perdió capacidad de compra, hay que encontrar un mecanismo para evitar que esa situación se repita.

No se trata de quitarle a uno para darle al otro.

Se trata de construir una política social que proteja mejor a todos los chicos, con criterios justos, transparentes y sostenibles.

Porque trabajar en blanco tiene que ser un camino para progresar, no una razón para quedar rezagado.

Porque la protección social no puede transformarse en una carrera para descubrir qué familia recibe menos.

Y porque ningún chico debería tener menos oportunidades por la situación laboral de sus padres.

Señor presidente Javier Milei: el ajuste puede discutirse en términos económicos, pero sus consecuencias sociales también deben ser evaluadas.

Señores funcionarios: detrás de cada asignación hay una familia que espera respuestas.

Y a los legisladores les digo: si el SUAF perdió poder adquisitivo durante una década, es hora de que esta discusión deje de dormir en los escritorios y llegue al centro de la agenda pública.

¡Porque cuando el Estado no protege adecuadamente a las familias, la cuenta no la paga una estadística: la pagan los chicos!

Asesor Previsional Prof. Antonio Araque