VOLVER al TRABAJO: Cuando el AJUSTE se COBRA en el BOLSILLO de los MÁS VULNERABLES. La Editorial por Antonio Araque-
Hay decisiones que pueden explicarse con números, con decretos, con expedientes judiciales y hasta con discursos políticos.
Pero hay decisiones que, cuando llegan al bolsillo de una familia, dejan de ser una cuestión de planillas de Excel.
Y la eliminación de Volver al Trabajo es una de ellas.
La Justicia dejó firme la eliminación del programa y, con esta decisión, se termina la posibilidad de que los beneficiarios vuelvan a cobrar los $78.000 mensuales que recibían como prestación. El intento de llevar la discusión hasta la Corte Suprema tampoco prosperó.
Ahora bien, desde éste Espacio tenemos que hacer una pregunta incómoda:
¿QUÉ HACE UNA FAMILIA CUANDO EL ESTADO LE SACA DE UN DÍA PARA EL OTRO EL INGRESO QUE UTILIZABA PARA SOBREVIVIR?
Porque una cosa es discutir si un programa social debe existir, modificarse, reemplazarse o desaparecer.
Y otra muy distinta es creer que sacar una prestación automáticamente crea un puesto de trabajo.
¡No, señores!
El trabajo no aparece por decreto.
La changa no aparece porque desaparezca un programa.
El supermercado no baja los precios porque el Estado elimine una asistencia.
Y las facturas tampoco se pagan con discursos de "capacitación".
Ese es el punto que muchas veces se pierde en la discusión política.
¿ASISTENCIALISMO O ÚLTIMA RED DE CONTENCIÓN?
El Gobierno sostuvo que Volver al Trabajo había cumplido su plazo de vigencia de 24 meses y planteó reemplazarlo por herramientas de capacitación, entre ellas un sistema de vouchers orientados a mejorar la inserción laboral.
Perfecto.
Capacitar está bien.
Formar trabajadores está bien.
Promover empleo formal está muy bien.
Pero hay una pregunta que nadie puede esquivar:
¿QUÉ PASA MIENTRAS TANTO?
Porque una persona puede capacitarse hoy, mañana y durante los próximos meses.
Pero come todos los días.
Tiene que pagar luz.
Tiene que comprar medicamentos.
Tiene que viajar.
Tiene que alimentar a sus hijos.
Y tiene que poner un plato sobre la mesa.
Entonces, cuidado con una Argentina que empieza a discutir la pobreza solamente desde la lógica del déficit fiscal.
Porque detrás de cada beneficiario hay una historia.
Y detrás de cada número hay una familia.
Según la UTEP, la eliminación afecta a más de 900.000 trabajadores de la economía popular, que hasta ahora contaban con ese ingreso complementario.
EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE EL PLAN
Acá quiero ser muy claro.
No estoy diciendo que todo programa social sea perfecto.
No estoy diciendo que no haya que controlar.
No estoy diciendo que el Estado tenga que mantener eternamente prestaciones sin exigir contraprestaciones, capacitación o búsqueda de empleo.
¡Por supuesto que hay que controlar!
Hay que terminar con cualquier irregularidad.
Hay que evitar intermediarios.
Hay que impedir que los planes sean utilizados políticamente.
Hay que garantizar que la ayuda llegue realmente a quien la necesita.
Pero una cosa es ordenar la política social y otra es eliminar una herramienta de ingreso sin garantizar que la alternativa sea suficiente, accesible y efectiva.
Porque si el Estado reemplaza $78.000 por una capacitación, la pregunta inevitable es:
¿Con qué come esa persona durante el período de transición?
LA ARGENTINA DE LOS EXTREMOS
Y acá aparece nuevamente nuestro viejo problema argentino.
Durante años se utilizó la asistencia social como mecanismo de contención.
Ahora parece que la solución consiste en eliminarla.
¿Y en el medio?
La gente.
Siempre la gente.
El ciudadano que no tiene trabajo registrado.
El trabajador de la economía popular.
La madre que hace changas.
El hombre que vive de trabajos ocasionales.
El que vende en una feria.
El que recicla.
El que hace repartos.
El que trabaja por su cuenta porque nadie le ofrece un empleo formal.
A todos ellos se les puede decir:
"Capacitate".
Pero antes habría que garantizar que exista un mercado laboral capaz de absorberlos.
Porque si no hay empleo, la capacitación puede convertirse en otro certificado guardado en un cajón.
Y ACÁ ESTÁ LA VERDADERA DISCUSIÓN
La discusión no debería ser simplemente:
"¿Plan sí o plan no?"
La discusión debería ser:
¿CÓMO PASAMOS DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO SIN DEJAR A NADIE TIRADO EN EL CAMINO?
Ese debería ser el verdadero desafío.
Porque un Estado que solamente entrega subsidios fracasa.
Pero un Estado que solamente los elimina también puede fracasar.
La verdadera política pública es mucho más difícil:
crear las condiciones para que una persona pueda dejar de necesitar una asistencia porque consiguió un ingreso laboral digno.
Eso requiere empleo.
Requiere inversión.
Requiere capacitación.
Requiere educación.
Requiere infraestructura.
Requiere crédito.
Requiere una economía que genere oportunidades.
Y requiere tiempo.
EL AJUSTE NO PUEDE SER SIEMPRE SOBRE LOS MISMOS
Y acá viene la parte que algunos no quieren escuchar.
Si hay que ordenar las cuentas públicas, ordénense.
Si hay que eliminar gastos innecesarios, elimínense.
Si hay que terminar con privilegios, termínense.
Si hay que perseguir corrupción, persígase.
Pero cuando la motosierra llega al ingreso de quien tiene poco o directamente no tiene nada, la discusión deja de ser exclusivamente económica.
Se convierte en una discusión social.
Porque $78.000 pueden ser poco para algunos y muchísimo para una familia que no tiene otro ingreso.
Y esa diferencia hay que entenderla.
UNA JUSTICIA QUE PUSO FIN A LA CAUTELAR
Desde el punto de vista judicial, el escenario ahora es claro: la Cámara Federal de San Martín había revocado la medida cautelar que obligaba a mantener los pagos y el intento posterior de llevar el caso a la Corte Suprema no prosperó. Por eso quedó firme la decisión y no se reanudarán las acreditaciones de Volver al Trabajo.
La cuestión judicial, entonces, quedó prácticamente cerrada en este capítulo.
Pero que el expediente termine no significa que haya terminado el problema social.
Ese problema sigue ahí.
Y está esperando una respuesta.
EL GURÚ PREVISIONAL TE LO DICE SIN VUELTAS
No quiero una Argentina llena de personas dependiendo eternamente de un subsidio.
Quiero una Argentina donde nadie necesite un subsidio porque tiene un trabajo digno.
Esa es la diferencia.
Pero para llegar a eso no alcanza con sacar una prestación.
Hay que construir la alternativa.
Porque eliminar un programa es fácil.
Crear trabajo genuino es muchísimo más difícil.
Y ahí es donde queremos ver al Estado.
No solamente anunciando que elimina.
También explicando:
¿CUÁNTOS EMPLEOS SE CREARON?
¿CUÁNTAS PERSONAS QUE PERDIERON EL BENEFICIO CONSIGUIERON TRABAJO FORMAL?
¿CUÁNTAS FAMILIAS FUERON ABSORBIDAS POR EL NUEVO SISTEMA?
Porque si las respuestas no aparecen, entonces solamente estaremos cambiando el nombre de la política mientras miles de familias siguen esperando una oportunidad.
Y esa oportunidad, señores, no puede seguir siendo una promesa.
Tiene que ser una realidad.
Asesor Previsional Prof. Antonio Araque
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